El informe demuestra que crisis energética no se hizo sola. Es resultado de un proyecto político y económico, que emerge detrás del discurso. Está implícito en un conjunto de decisiones coherentes, orientadas a transformar una Nación autoabastecida y exportadora, en un país subordinado y dependiente. Desde el gobierno, se hizo todo lo necesario para quebrar cualquier posibilidad de autonomía y convirtiendo al país en importador energético masivo.
Hace 10 años, nuestro país satisfacía holgadamente todas sus necesidades energéticas con recursos propios, y también exportaba energéticos por más de 6.000 millones de dólares al año. Además de gas y electricidad, se vendían al exterior el 32% de la producción petrolera y derivados de alto valor agregado. Más de la mitad del superávit comercial estaba fundado en la energía.
Luego de ejecutar este plan, somos importadores netos en todos los rubros energéticos. En 2014, se necesitará comprar electricidad y combustibles para generarla por U$S 16.000 M. También dejamos de abastecernos de otros productos (70% del gasoil, 60% del fuel oil y casi el 15% de las naftas). Siendo uno de los principales consumidores de gas del mundo, importamos entre 30 y 45% de todo el fluido que consumimos. Y, tras 20 años de superávit, también importaremos petróleo crudo, agregando otros 2.200 millones de dólares a la cuenta anterior.
El esquema ha sido simple pero efectivo: desalentar la producción local, trabar el desarrollo de todas las alternativas y aplicar los subsidios para privilegiar con precios extraordinarios (hasta 20 veces superiores según el rubro) las compras en el extranjero. Y, a medida que la falta de inversión derrumba la producción nacional, multiplicar las importaciones, aplicar más subsidios y así consumir todos los recursos económicos y financieros del país.
La sangría energética se lleva el 80% de las divisas aportadas por el sector agrícola (que es la principal exportación del país). Representa el doble que los pagos por la deuda externa que nos llevó al “default” en 2001; y, a este paso, para cubrir los pagos del déficit energético hasta 2015, habrá que destinar todas las reservas internacionales depositadas en al BCRA. Y esta hipoteca crece –por ahora- a razón de 33% anual.
La electricidad no fue una “isla”. También presenta los signos del deterioro políticamente inducido en sus tres segmentos (generación, transporte y distribución).
El 17/12, el sistema eléctrico no colapsó en un catastrófico “efecto dominó”, sólo por casualidad, cuando la demanda se acercó a la zona de colapso (24.000 MW). Pese al auxilio de Uruguay (500 MW), sólo quedaban reservas físicas de unos 54 MW de pequeños grupos electrógenos. Paradójicamente, el sistema se salvó “gracias” a una baja en la demanda causada por los cortes intempestivos en el segmento de distribución y la parálisis forzosa de las grandes industrias.
La caída de la inversión se siente también en materia de transporte y distribución, donde la red de distribución metropolitana la presenta serios deterioros y falta de capacidad para responder a los picos de consumo, con empresas perdiendo 2,5 millones por día, ante la más absoluta indiferencia oficial.
Esta política ha elaborado un cóctel explosivo de falta de potencia e incapacidad de la distribución. El desabastecimiento de energía eléctrica continuará en 2014 y posiblemente se extienda por dos o tres años más, siempre que el clima no nos juegue una mala pasada (sequía) que afecte el rendimiento de las usinas hidroeléctricas.
¿Qué hacer?
El Gobierno –a través de la presidenta- ha dicho que además de las críticas, está dispuesto a escuchar e implementar soluciones. Y las soluciones existen. Pero es evidente que no pueden ser instrumentadas por los mismos funcionarios que, con tanta constancia, se dedicaron a abrir la puerta del infierno en que nos encontramos.
De modo que, la primera medida que debe tomar el Gobierno está clara.
El autismo actual (“comisarios políticos”, “prebendarios” y “capitalismo de amigos”) debe ser reemplazado por una gestión profesionalizada de alta capacidad. Se trata de articular una sinergia de metas entre el sector público y privado, con el objetivo común de la seguridad energética del país y en una segunda etapa, utilizar estos recursos con eficiencia para proyectar la expansión económica argentina.
Para revertir la crisis se necesitan soluciones de fondo, una estrategia para mediano plazo (ver pag. 12), medidas para reducir las importaciones y una política de gestión de las emergencias que inevitablemente sobrevendrán.
Entre las medidas de fondo (ver pag.11) se encuentran la de índole institucional concertadas entre todas las fuerzas políticas y actores sectoriales. Una “Política de Estado” que asegure el cumplimiento de una estrategia de largo plazo, con continuidad a través de varias gestiones de gobierno.
Basado en esa estrategia establecer un Plan Energético Nacional y un Pacto Nacional por la Energía, para el relanzamiento de la industria de la energía. Este horizonte, generará las condiciones de previsibilidad para que obras y desarrollos importantes, puedan concretarse dentro de los parámetros normales (costo y cronograma).
Se trata recuperar de fijar el camino para recuperar el autoabstecimiento, transformar la actual matriz energética, diversificar las fuentes, incorporar nuevas tecnologías en hidrocarburos, ampliar la participación de las energías renovables y biomasa. En definitiva, cubrir la demanda aprovechando al máximo la variada dotación de recursos con que cuenta el país.
El papel combinado de estos recursos –y la introducción de políticas continuas de eficiencia energética- debería verse como el “Puente de Plata” que compense el sistema, reduzca o elimine la necesidad de importar y nos dé el tiempo necesario para aumentar la potencia cuando entren a funcionar los grandes proyectos y se rehabiliten las plantas paralizadas.
En cuanto al transporte y distribución de electricidad, volver a la Ley es imprescindible. La solución exige que el retorno gradual a la normalidad, sea una gestión de “sintonía fina” en tramos tarifarios de 300 kW (ver pag. 14) donde los mayores costos sean atemperados por aumentos en la oferta energética, el regreso de las exportaciones y la ayuda de toda la sociedad a los sectores más frágiles y postergados.
El plan de gestión de las emergencias (ver pag 15) es mucho mas que un programa de cortes. Es imprescindible declarar el “Estado de Emergencia Eléctrica” por espacio de 90 días, y ratificar la medida por el Congreso Nacional.
Dentro de esa declaración, se propone la constitución de un Comité de Emergencia Multisectorial, responsable de supervisar los planes de contingencia de generadores, transportistas y distribuidoras con anticipación a los momentos críticos del año. Para atender con prioridad a las zonas “calientes” del sistema y contar con sistemas alternativos y asistencia rápida.
Son muchas las medidas incluidas en el plan de gestión de las emergencias para evitar que los cortes superen el máximo de 2 horas por usuario. Es posible adoptar soluciones para descongestionar zonas de alto consumo puntual, evitar el recalentamiento de cables y la sobrecarga de los transformadores en la distribución.
Movimiento libre por los derechos civiles
y la autodeterminación soberana del pueblo
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