martes, 28 de enero de 2014

LA CORRUPCION DEL GOBIERNO DE CRISTINA FERNANDEZ.


KRETINA QUIERE DEJAR EL CAMPO MINADO.

ADEMAS DEL ENORME DAÑO PROVOCADO AL PAIS POR SU GOBIERNO SIONISTA.
NARCOTRAFICANTE
Será tal vez un modo de venganza de la Presidente, porque la ciudadanía le retiró su apoyo, o quizás nada más que por la actitud propia del escorpión…
Zaffaroni y Pinedo, dos de los autores del Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal…
No es novedad para nadie, que en la Argentina de hoy se está haciendo cada vez más fácil la posibilidad de delinquir, y además quedar impune. Esta afirmación puede corroborarse a simple vista. La situación así creada, ha llevado a que día a día se debilite la acción policial, mientras que paralelamente se manifiesta una notable laxitud de la Justicia. Todo esto funciona como una mutua retroalimentación…
¿Qué es lo que puede haber ocasionado semejante desastre en la Argentina? El Portal acude siempre a los expertos, en cada materia que se trate, para así asegurarse de dar datos ciertos y razonables. En este caso, las respuestas vendrán de Políticos, de calificados Abogados Penalistas, y también de acreditados Psiquiatras, porque, a no dudar, hay algo en todo esto, de parte de quienes conducen la Política argentina de hoy, que ha de estar necesariamente vinculado con cierto tipo de patología mental, que no es fácil de describir para los no versados en estos temas.
La respuesta que da la gente común cada vez que se instala el tema en una conversación, tiene que ver con sospechas de resentimiento social, de parte de los responsables de determinadas medidas, odio o perversidad. Así lo expresan al no encontrar otras razones como para entender que alguien se proponga, y lo logre, lamentablemente, lastimar al prójimo, complicarlo, hacerlo sufrir, exponerlo y condenarlo a vivir con angustia, a ver morir a sus seres queridos.
En casi todas las próximas Ediciones habrá entrevistas a figuras que puedan aportar ideas sobre este fenómeno, incluso, no dejará de considerarse la posibilidad de que, al estilo de lo hecho por el chavismo en Venezuela, la protección a la delincuencia persiga armar fuerzas irregulares para ser utilizadas por el Gobierno en el futuro. Nada debe quedar sin ser considerado…
Alguien podría señalar que no sólo desde el Gobierno han intervenido en este descabellado anteproyecto, sino que participaron también cuatro Políticos más, aunque dos de ellos prácticamente integran el actual Gobierno, además del cortista ZAFFARONI. Pero un Radical y un integrante del PRO, cayeron en la tentación de aparecer en el futuro como los creadores de una pieza jurídica importante, trascendente, y en realidad, lo que parece es que serán conocidos como los facilitadores, o los colaboracionistas del kirchnerismo en este anhelo por condenar a la población argentina a la violencia y a la inseguridad en el futuro.
O tal vez la gran torpeza, de estos colaboracionistas, puede estar inscrita en la expectativa de alguna contraprestación, presumiblemente política, algo tan fuerte que justifique incluso exponerse a un vigoroso repudio de parte de los ciudadanos más advertidos…
Situaciones en fin, que también se irán viendo en esta especie de campaña esclarecedora que se inicia en la presente Edición, con el reportaje a una experta en Derecho Penal pero además persona conocedora del manejo de la Política.
¿Logrará el kirchnerismo y sus socios finalmente consagrar semejante perversión…?
C.C.C.
- Gobierno narco y reforma Código Penal.
ARGENTINA
La sociedad argentina se pronunció en contra del proyecto de nuevo Código Penal que Cristina Fernández enviará al Congreso para su sanción este año. El presidente de la Corte Suprema admitió que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. No obstante, los cambios que sugirió no van en el sentido del “control popular” propuesto por el Gobierno, sino en el de la “celeridad” y “la cercanía” de la Justicia con el ciudadano. En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, abordó a problemática del narcotráfico en el país, tema que había estado ausente en el discurso de Cristina Fernández del 1º de marzo. Aseguró que “afecta el estado de derecho”. El PRO de Mauricio Macri se vio obligado a cambiar de postura con respecto a la reforma penal que impulsa el Gobierno, luego de que el Frente Renovador de Sergio Massa asumiera un rol protagónico como férreo opositor a la nueva normativa. Sin embargo, el “despegue” del avance oficial, nada tuvo que ver con el verdadero problema del proyecto: su propósito. En medio de los cruces políticos todos evitan la explicación primera y en la nube, se pierden primero los responsables.
En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, abordó este jueves la problemática del narcotráfico en el país. El titular del máximo tribunal dijo, contradiciendo la postura de su par Zaffaroni y la de la Presidente, durante su discurso “el narcotráfico afecta el estado de derecho, tenemos que ponernos de acuerdo”. Lorenzetti manifestó que la lucha contra el flagelo “debe ser prioritaria”. De esa forma, el magistrado hizo referencia a un tema que estuvo ausente durante la apertura de Sesiones Ordinarias, a cargo de la presidente Cristina Fernández. El expresó este jueves la necesidad de realizar una “reforma judicial”, pero su propuesta dista bastante del proyecto de “democratización” que pretende el gobierno de Cristina Fernández. En su discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte aseguró que “el Poder Judicial no es de maravilla” y que “tenemos que transformarlo”. No obstante, pidió discutir “cuál es la orientación de la reforma”. El corazón del proyecto de “democratización de la Justicia” que impulsó el Ejecutivo el año pasado estaba basado en la elección popular de los jueces. Esto fue derribado por la misma Corte que lo declaró inconstitucional. En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el sábado 1º de marzo, la presidente Cristina Fernández defendió su fallido proyecto y dijo que “un poquito de control popular tampoco le viene mal a nadie”. No obstante, la visión sobre los cambios en el Poder Judicial de la que habló Lorenzetti es distinta a la del Gobierno y a la del propio juez Eugenio Zaffaroni. Lorenzetti expuso dos ejes fundamentales. En primer término, se refirió a la necesidad de “acercar la justicia a la gente”. El magistrado consideró a que la situación actual retrotrae al sistema del siglo XIX, “cuando la gente iba al centro” en busca de los jueces. “Hoy ya no es así. Tenemos que poner a los jueces donde están los conflictos”, manifestó. El otro eje que expuso Lorenzetti tuvo que ver con la “celeridad” de la Justicia. “Son cambios organizativos. Una justicia más rápida es fundamental”, dijo el presidente de la Corte y agregó: “es un reclamo esencial de nuestro pueblo en todos los sentidos”. Respecto a las reformas en la Justicia, Lorenzetti llamó a que sea el mismo Poder Judicial el que se ponga al frente de las reformas, en contraste con la iniciativa que había corrido, hasta ahora, por parte del Ejecutivo. “Tenemos que estar en la delantera del cambio y no atrás”, manifestó el magistrado.
Vidal, vicejefe del Gobierno de la Ciudad, dijo en radio ‘La Red’ que acordaron que este no es el momento ideal para debatir una reforma de tales características.
“Esto no puede estar atado a un proceso electoral ni tampoco puede ser utilizado como una herramienta política del oficialismo o de la oposición”, argumentó. La postura del PRO deja mal parado a Pinedo, uno de los cinco especialistas que debatió y firmó el anteproyecto de reforma que analiza el Poder Ejecutivo. El próximo paso será que el texto ingrese al Congreso para la discusión en ambas cámaras. Sergio Massa primereó a todos los líderes políticos y planteó que el texto que analiza la Casa Rosada beneficia a los delincuentes, baja penas para delitos graves, suprime la reclusión perpetua y elimina la reincidencia. Ahora el partido de Macri modificó su discurso y coincidió con que muchos de los cambios que se propician “son un disparate”. “Lo que necesitamos ahora es que la Policía gane bien, que haya más programas sociales y que la Justicia tenga herramientas. Para todo esto no hace falta un nuevo Código Penal. Esto no es algo urgente”, rubricó Vidal. Además de Pinedo, la comisión de reforma estuvo liderada por Eugenio Zaffaroni y conformada por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Elena Barbagelata, como bien explicábamos ayer. De acuerdo al decreto 678/2012, por el cual se conformó la comisión mencionada anteriormente, el Gobierno sostiene que las disposiciones del actual Código -sancionado en 1921- han sido “afectadas” por las múltiples modificaciones que se aplicaron durante noventa años.
“La coherencia originaria de las disposiciones del Código se ha visto afectada, a la vez que se ha alterado el equilibrio y la proporcionalidad que deben guardar entre sí las escalas penales de los distintos delitos”, sostiene la norma. “La excesiva actividad reformadora en materia penal también ha dado lugar a la adopción de una diversidad de normas represivas especiales no integradas al Código Penal, circunstancia que implica un alejamiento del mandato expreso de codificación contenido en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, a la vez que obstruye la sistematicidad del régimen punitivo y, en definitiva, pone en cuestionamiento la vigencia del principio general del derecho que dispone que la ley se presume conocida”, agrega el decreto. ¿Cómo nació esta aberración y mamarracho judicial del proyecto de reforma? En el año 2004, el Ministerio de Justicia creó una comisión dedicada a “la elaboración de un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código”. De acuerdo al mencionado decreto, académicos trabajaron durante dos años para la creación de un anteproyecto, “pero el propósito reformador no pudo concretarse”. Es por eso que el 7 de mayo de 2012 se creó una nueva comisión. El 12 de febrero pasado la comisión presidida por Zaffaroni entregó a Cristina el anteproyecto, como bien se explica en nuestra 1ª Parte del artículo. Desde ese momento, la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia están trabajando en “correcciones” y “modificaciones” del texto que la Rosada enviará al Congreso. Todavía no está claro cuándo llegará al Parlamento o si habrá una instancia de discusión previa. En el oficialismo creen que el debate podría darse en el segundo semestre del año. Desde el massismo critican que el nuevo texto establece que el 82% de los delitos son excarcelables y que el 86% permitiría la suspensión del juicio a prueba. Además, sostienen que 146 delitos bajarían las penas, entre los que se destacan los homicidios agravados, torturas, secuestro, trata de menores, violación agravada, robo con armas, contrabando, tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros.
“Este código elimina la reincidencia, la reclusión y la prisión perpetua, la peligrosidad como agravante, crea innumerables atenuantes, prevé 6 penas alternativas de cumplimiento fuera de la prisión, le da amplias facultades al juez para reemplazar la pena de prisión, bajar el mínimo o directamente eximir de pena al delincuente, establece la caducidad de los registros de sentencias condenatorias, limita la persecución fiscal a la existencia de denuncia en casos tan comunes como el hurto o el robo con violencia”, cuestionó el Frente Renovador. Uno de los planteos de los opositores al nuevo Código es la desaparición de las condenas a perpetua, un punto sobre el que se diferenció Federico Pinedo. Zaffaroni argumentó que “la pena perpetua nunca existió en la Argentina” y Gil Lavedra dijo que “es un estándar en derecho internacional que las cadenas perpetuas son inhumanas y no existen en nuestro derecho positivo actual”. Pero entre otros puntos en discusión, hasta esta mañana el único bloque que había manifestado su total oposición al proyecto era el Frente Renovador. Otros bloques opositores como la UCR y el FAP cuestionaron aspectos como la eliminación de la reincidencia o la baja de penas. Es por eso que en las últimas horas se había comenzado a especular con que el Poder Ejecutivo pudiera adoptar esos pedidos para conseguir un consenso más amplio. Así y todo, hasta los integrantes de la comisión desconfían de “correcciones” del Gobierno. Lo dijo Pinedo antes de que Vidal saliera a despegar al PRO del Gobierno: “El kirchnerismo no es confiable”. El kirchnerismo en la Cámara de Diputados tiene una ajustada mayoría y una enorme dependencia de los aliados. La generación de un debate similar al que se produjo con la denominada “Reforma Judicial” y en un bloque con una conducción debilitada, podría dejar al Gobierno al borde de una derrota.
Es por eso que se maneja la alternativa de aceptar modificaciones o retrasar el envío del proyecto hasta que se calmen las aguas. Ahora, la posición del PRO vuelve a agitar las aguas más por intereses políticos que otra cosa. La defensa a ultranza de ayer o la oposición de hoy, son meramente coyunturales y para no darle el “centro de la escena” al massismo. Acaso, en medio de esta discusión entre aliados y opositores, defensores y detractores, ¿alguien debatió el verdadero propósito que persigue esta ley? ¿Cuál es la fundamentación, el objetivo, el plan que carga este anteproyecto? Hasta ahora permanece oculto, la explicación pendiente está perdida entre los tironeos políticos y los actuales funcionarios, ausentes: ¿donde está Julio Alak, ministro de Justicia de la Nación?; ¿Julián Álvarez, secretario de Justicia e integrante de La Cámpora? Eugenio Raúl Zaffaroni solo expuso su rostro para criticar a Sergio Massa. Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La autodenominada exitosa abogada y actual presidente de la Nación, Cristina Fernández, no ha siquiera intentado referirse a las bondades de la iniciativa que impulsa. El silencio incluye a otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué opina Carmen Argibay, la otra penalista del máximo Tribunal? Otros, como Federico Pinedo o Ricardo Gil Lavedra, que representan en teoría a la oposición, e integrantes de la comisión de reforma, no han explicado por qué creen que este anteproyecto es superador. Sobran críticas, sobran apoyos, faltan explicaciones. Allí se pierden los responsables…
Conocimos la información sobre el asesinato de un hombre en los bosques de Palermo cuyo nombre primero trascendió como Carlos Gutiérrez, un colombiano de 40 años en cuyo cadáver se encontró marihuana y éxtasis, pero que ahora se sabe que en realidad se llamaba Jairo “Mojarro” Saldarriaga y era jefe de sicarios de Daniel “el loco” Barrera, considerado el sucesor de Escobar Gaviria. El asesinato de “Mojarro” fue público y perpetrado impunemente: al aire libre en los bosques de Palermo donde la balacera que ultimó al jefe de sicarios podría haber matado a inocentes. Se trata de un nuevo capítulo de la guerra de narcos que tiene como escenario a la Argentina y que por ahora no ha llegado a los extremos que se suelen apreciar en México con ahorcamientos y descuartizamientos de personas luego exhibidas públicamente. Según relata La Capital de Rosario, Saldarriaga buscaba instalarse en el país junto a una mujer porque ya habían intentado matarlo en más de una oportunidad y “estaba preocupado por su seguridad”. El abogado Germán Fliess Maurer fue quien confirmó ayer la identidad del ciudadano colombiano asesinado el martes. Según el letrado, su cliente estaba tratando de radicarse en la Argentina junto a una mujer porque ya habían intentado. “Me contactaron para asesorarlos para conseguir la radicación en Argentina. El me dio su nombre verdadero para ver cómo podíamos hacer la radicación. Me dijo que no tenía deudas con la Justicia y ninguna solicitud de Interpol pendiente”, aseguró el abogado que ahora parece enterarse de la verdadera historia de su cliente. Jario Saldarriaga tenía 39 años y hasta no hace mucho tiempo fue miembro de las Fuerzas Armadas Republicanas de Colombia (Farc), el ejército guerrillero que durante varias décadas mantuvo en jaque a los gobiernos de ese país con operaciones de secuestros extorsivos y narcotráfico. Allí militó en los frentes 43 y 27. En 2000 cayó preso y fue acusado de secuestro extorsivo, robo calificado y concierto para delinquir. Su nombre fue incluido por la guerrilla en su lista de prisioneros “canjeables”, lo que no fue aceptado por el gobierno colombiano. Recuperó su libertad en 2004 y entonces empezó su relación con el capo narco Daniel El loco Barrera, quien está prófugo y según las autoridades del país caribeño operaría desde algún lugar de Venezuela. Con los años se convirtió en jefe de los sicarios del cartel y comandó un ejército de 20 asesinos.
Pero algo pasó en febrero del año pasado entre Barrera y su lugarteniente. Según el capo narco, Mojarro se quedó con un cargamento de 500 kilos de cocaína que tenían a México por destino y se los entregó a la policía. Por eso juró venganza y puso a trabajar a sus sicarios para que encuentren y maten a quien fuera su jefe. El primer intento ocurrió el 31 de mayo de 2011 en una cancha de fútbol 5 de la localidad colombiana de Villavicencio, a 90 kilómetros de Bogotá. Allí un grupo que se movilizaba en taxis y motos acribilló a todos los presentes. Hubo seis víctimas inocentes pero Saldarriaga salió ileso y desapareció. Los investigadores colombianos estiman que Mojarro fue quien comandó el 24 de junio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter de la localidad bonaerense de Martínez el crimen de dos ciudadanos colombianos. Aquel día fueron acribillados a balazos Héctor Duque Cevallos, alias Monoteto y enemigo de Barrera Barrera; y un supuesto guardaespaldas, Jorge Alexander Quintero Gartner. Ambos habían pertenecido a la Defensas Unidas de Colombia, un ejército paramilitar que supo enfrentar a las Farc. Sobre El Loco Barrera, éste fue capturado el 18 de septiembre de 2012 en Venezuela. Fue uno de los jefes más importantes de las Bacrim (Bandas Criminales Emergentes al Servicio del Narcotráfico), por lo cual a veces se le da el título de narcoparamilitar, al igual que “Don Mario” y “Cuchillo”, aunque sus relaciones con las Auc no fueron más que de negocios, así como también con los 15 frentes de la guerrilla de las Farc que operaban en la región de la Orinoquía, donde ha sido siempre su principal punto de operaciones. El presidente Juan Manuel Santos lo calificó como el último gran capo tras su captura. Pero según el portal Semana.com, este narco ya había sido destronado a sangre y fuego por un personaje, que, como ocurrió con Barrera en su momento, es un completo pero peligroso desconocido. Se trata de un hombre de apellido Pachón, conocido con el alias de “Puntilla” y hoy es considerado por las principales agencias antidrogas nacionales y extranjeras como el reemplazo de Barrera.
“Puntilla” Pachón tiene un poco más de 40 años de edad y en el mundo de la mafia es un viejo conocido. Comenzó a trabajar como uno de los palafreneros del cartel de Medellín, en donde empezó a conocer los secretos del negocio de la droga. De allí pasó por una temporada en las filas del cartel de Cali y cuando apenas superaba los 30 años, se instaló en el departamento de Meta, donde rápidamente se enroló con el capo que dominaba el negocio del tráfico de drogas en Bogotá y el oriente del país: el ‘Loco’ Barrera. El asesinato de Saldarriaga es apenas otro ejemplo de la guerra de narcos que se trasladó a nuestro país. El caso emblemático es Rosario, donde la organización Los Monos, construye fastuosas viviendas en Santa Fe y Claudio “Pájaro” Cantero, hijo del patriarca del clan, ya fue asesinado a balazos el año pasado.
Pero además de Los Monos, operan Los Garompas y Los Gardelitos, aunque otras permanecen aún en el anonimato. En setiembre de 2013 se entregó en Córdoba un jefe policial vinculado a los narcos. Se trata de Gastón Bustos, a cargo de una brigada de Drogas Peligrosas. Está sospechado por la desaparición de 30 kilos de marihuana.
Su expediente se suma al de los narcopolicías. En Salta, bandas narcos roban autos de lujo para canjearlos por cocaína. Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, Salta, desarticuló en noviembre una banda que se dedicaba al robo de autos de alta gama para canjearlos por cocaína para el tráfico en esa provincia. Hubo dos detenidos, de los cuales uno sería familiar directo de un capo narco del norte de la provincia y el sur de Bolivia. Los narcos también invierten en jugadores de fútbol, como en el caso Correa donde el juzgado santafecino que investiga a la narco Banda de Los Monos investigó si la propiedad de los derechos federativos del volante Ángel Correa (hoy día en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro), había una participación de la familia Cantero. Luego de confirmarlo, el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna trabó un embargo al club de Boedo sobre todo dinero que provenga del uso de los derechos federativos del futbolista, bajo advertencia de acciones penales contra los responsables de la entidad azulgrana. Hay muchos más ejemplos de la guerra narco y sus ramificaciones en la Argentina que llegan hasta lo más alto del Poder. ¡¡Y todo ocurre en un contexto de debate de un Código Penal donde se atenúan las penas relacionadas al narcotráfico!!
The World Justice Project dio a conocer los resultados de un trabajo denominado Índice de Imperio de la Ley, por el cual se analizan diversos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial en cada país y del Estado. Algunos de los aspectos medidos son por ejemplo la apertura del Gobierno, la corrupción, regulaciones, derechos fundamentales y orden y seguridad. En este último aspecto es donde la Argentina obtuvo el peor resultado ubicándose en el puesto 83 de 99 países evaluados. El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para hacer avanzar el estado de derecho en todo el mundo, lo que proporciona la base para oportunidades y la equidad – comunidades que ofrecen un desarrollo sostenible económico, gobierno responsable, y respeto de los derechos fundamentales. En la calificación general –sumando todos los aspectos medidos- la Argentina quedó en la mitad del ranking global sobre solidez del imperio de la ley.
En cuanto a lo positivo, nuestro país logró buenos puntajes respecto de los otros países de América latina y del mundo en el respeto de derechos fundamentales, como la vida, la libertad de religión o de expresión, en la efectividad de la justicia civil y en ausencia de corrupción. Pero en cuanto al orden y seguridad, quedó rezagado: ocupó el décimo entre 16 países de América latina, y cayó hasta el puesto 83 entre los 99 países relevados en todo el mundo. “La Argentina no tiene crímenes de tan alto impacto, como homicidios, sino que vemos mucho el asalto, los motochorros. Son alarmantes las altas tasas de robos en casas, entre las más altas de la región”, dijo al diario La Nación, Alejandro Ponce, uno de los autores del Índice de Imperio de la Ley.
El índice es único no sólo porque mide ocho variables en 99 países del mundo a través de encuestas a 1000 personas en las ciudades más importantes de cada país, además de entrevistas con 2400 expertos de todo el mundo. En la Argentina, la encuesta se realizó en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Los países escandinavos se ubicaron en los primeros puestos. Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia lideraron el ranking, en ese orden. En América latina, Uruguay y Chile fueron los países mejor posicionados (quedaron en los puestos 20 y 21, respectivamente). Venezuela fue el peor de la región y del mundo: ocupó el último lugar. “El principal problema es la concentración de poder en manos de la Presidenta. Hay un deterioro, si bien no es de un año a otro. La Legislatura o el sistema judicial no son tan fuertes como en otras partes con el mismo nivel de ingreso”, apuntó Ponce. En ausencia de corrupción, la Argentina quedó cuarta en la región, detrás de Uruguay, Chile y Brasil.
Venezuela, Bolivia y México fueron las naciones con peor puntaje en América latina. “En corrupción, la Argentina no sale tan bajo, comparado con otros países de América latina. En términos de coimas, la Argentina rankea mejor que los otros países. El problema de la corrupción está en las esferas más altas, ahí sí hay puntajes muy bajos”, dijo Ponce. En tanto, días atrás advertimos que el Gobierno tapó durante años la inseguridad con el crecimiento económico, pero la bonanza se desinfló de tal manera que ahora la escasez tapó a la inseguridad. Un sondeó mostró que el 37,7% de los encuestados puso en la economía su principal preocupación. El 26,7% la mantuvo en el delito. Así lo reveló una encuesta de la consultora Raúl Aragón & Asociados conocida el 11 de febrero. En enero se produjo también el desplome de la preocupación por la inseguridad. En noviembre, más de la mitad de los encuestados (51,2%) la había señalado como principal cuestión. En diciembre, ese número bajó a 42,9 por ciento. Sin embargo, el descenso más abrupto ocurrió el mes pasado, con una caída de más de un tercio: la delincuencia fue elegida “apenas” por el 26,7% de las personas relevadas. Aragón aclaró por entonces a Infobae que la caída no se produjo por una menor cantidad de crímenes. “El impacto de la inflación y la evolución del dólar es tan intenso y preocupante que la inseguridad tuvo un fuerte descenso. Pero eso no significa que haya menos preocupación por el delito”, explicó.
¿Hace falta que demos alguna otra explicación?
J.M.G.R.
- Kretina quedó presa de su silencio
La exhortación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a los “otros poderes del Estado” para que consideren “prioritaria” la “agenda del narcotráfico” adquirió particular resonancia luego de que, sólo cinco días antes, Cristina Fernández de Kirchner eludiera hablar sobre ese flagelo en su prolongado discurso con el que inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso.
En noviembre último, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, había lanzado una advertencia similar a la de Lorenzetti, aunque mucho más dura.
Denunció que el país podía correr la misma suerte que Colombia y México, y que a la actual situación de desborde se habría llegado “con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”.
El tema de la inseguridad y del narcotráfico siguió creciendo en la agenda de preocupaciones ciudadanas. Pero no en la del gobierno nacional, que por demasiado tiempo intentó ocultar la cuestión y hasta se dio el lujo de mantener acéfala a la SEDRONAR por casi nueve meses. Su actual titular, el Sacerdote Juan Carlos Molina, ayer pareció aportarle una cuota de sinceridad al Gobierno cuando admitió que “la droga está en la calle y los pibes se falopean”.
Pero la contradicción es permanente en la fracción gobernante. Divide entre quienes reconocen una cada vez más dura realidad y quienes la esconden debajo de la alfombra. La Presidente tuvo ante la Asamblea Legislativa, la posibilidad de hacer un llamado para declararle la guerra al narcotráfico. Mas la desaprovechó. Prefirió refugiarse en el relato oficial, el mismo que cultivó el Canciller Héctor Timerman cuando cuestionó al gobierno de los Estados Unidos por un informe crítico sobre el avance de las drogas en la Argentina y sugirió que es el país del Norte “el principal problema del narcotráfico”.
Mientras los funcionarios kirchneristas discutían si la Argentina es o no es un país productor de drogas, el auge de los sicarios continuó avanzando en lugares como Rosario y ya asoma con crudeza en la Capital Federal, pese a que la Fiscal Cristina Caamaño, la elegida de la Casa Rosada para reemplazar al desplazado José María Campagnoli, sugirió que el reciente asesinato ocurrido en los bosques de Palermo podía tratarse de un crimen pasional.
El debate sobre la inseguridad y el narcotráfico también obligó a replanteos en la oposición. Ayer, tanto el titular de la UCR, Ernesto Sanz, como el líder de PRO, Mauricio Macri, juzgaron que no están dadas las condiciones para discutir la reforma del Código Penal, tomando distancia de hombres de sus partidos que impulsaron ese proyecto. Los reflejos de Sergio Massa para ponerse al frente de las objeciones a esta reforma, al considerar que privilegia la situación de los delincuentes, forzaron evidentemente al resto de la oposición a enfriar la cuestión.










LA CORRUPCIÓN, LA INCAPACIDAD Y LA INEPTITUD: La mecánica de la corrupción en la Argentina es similar en todos los casos. Además, el dinero se fuga al exterior, ya que es imposible justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además las causas están todas planchadas. Los que están involucrados en estas causas son los que van a autorizar quién compra dólares.


¿Se imaginan Uds. el resultado?
Nadie va a poder comprar dólares y sólo ellos continuarán fugando divisas, como lo han hecho hasta ahora. Todos estos anuncios son para ganar tiempo, pero en el fondo es más de lo mismo. Nada van a solucionar. Dicen que los precios no subirán por el valor del dólar y ya en el día de la fecha todos los comestibles y demás subieron un 20% o más.
Porque no controlan los subsidios, que son una de las grandes cajas de la corrupción que los mismos funcionarios integran y la otra, la fuga de dinero al exterior que, como lo han dicho los organismos internacionales, en la Argentina no se puede evitar, porque están involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del gobierno.
La misma implementación en el caso Boudou-Ciccone, Schoklender y la empresa que controla SUBE. Todas estas causas tienen muchas cosas en común y son también motivo de la fuga de dinero al exterior y el lavado de dinero.
Todo esto tiene su fundamento en lo que dicen los distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina, el GAFI dice que el gobierno no hace nada para evitar la corrupción porque sus autoridades están involucradas en esto. El Consorcio de Periodistas de Investigación I.CI.J. está elaborando un informe especial sobre nuestro país, donde describe un alto grado de corrupción.
El informe de Hillary Clinton al congreso de los EE.UU. de los años 2009/10/11/12, donde hace saber el alto grado de corrupción, sumado a lo informado por el I.P.C. (Índice de Porcentaje de Corrupción), que nos ubica como un país que no cumple con los niveles mínimos de corrupción, y es más, nos ubica con Venezuela, Paraguay, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
1) Causa Schoklender: Juzgado Federal N° 8, a cargo del Dr. Di Giorgi. Causa N° 6204/2011. Se utilizaron más de cinco empresas off shore.
2) Causa Boudou y Ciccone: Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr. Lijo. Causa N° 1302/2012. Se utilizaron no menos de siete empresas off shore.
3) Causa Empresa controladora de SUBE: Juzgado Federal N° 12, a cargo del Dr. Torres. Causa N° 6297/2012. Se utilizaron no menos de seis empresas off shore.
4) Causa Denuncia por Distribución de Subsidios: Juzgado Federal N 10, a cargo del Dr. Julio Ercolini. Causa 366/11. Y causa 10.331/12, Juzgado Federal N° 5, Secretaría N° 9, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide.
El juez Norberto Oyarbide, tiene 62 años, cuatro décadas de trayectoria en la Justicia federal.
Las confesiones de Norberto Oyarbide vinculadas “al hombre detrás del juez” se han convertido en la comidilla del fuero federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, justamente el que concentra las mayores críticas y desde el que se efectúan las denuncias más serias de presiones del poder político sobre los magistrados.
Un magistrado cuestionado
En ese ámbito siempre agitado y ahora cruzado por tensiones extremas, Oyarbide, que es desde 1994 juez del fuero penal, es uno de sus protagonistas más conocidos y controvertidos.
Es curioso pero el juez federal Norberto Oyarbide nunca fue famoso por sus fallos sino por su vida privada y los supuestos hechos que se le atribuyen.
¿El Oyarbide de aquellas noches de supuesta lujuria es el mismo Oyarbide de las grandes causas judiciales 2009/2010?
¿El Oyarbide de 1997/1998 es el que definirá la suerte, en 1ra. instancia, de Martín Redrado?
Todo un enigma. Pero el archivo es lapidario:
La frecuencia con que las denuncias contra funcionarios del gobierno nacional sobre presuntos hechos de corrupción recaen en su juzgado, y la escasa cantidad de fallos condenatorios que ha producido con relación a esos casos, le han valido la extendida consideración de que es un juez “demasiado cercano” al Gobierno.
La cara oscura del magistrado.
El costado más sórdido de aquel famoso caso que involucró al juez federal Norberto Oyarbide explotó con la difusión televisiva del ya célebre video íntimo del juez, en la pantalla de Canal 9, y la declaración ante la Justicia de Luciano Garbellano, receptor de 9 balazos durante una oscura noche en las cercanías de Campana cuando intentaba negociar la venta de unos videos prohibidos
Lo de Garbellano complicó aún más al juez federal. Él acusó a Oyarbide, entre otras cosas, de haberle brindado protección al prostíbulo masculino Spartacus, a cambio de entre US$ 10.000 y US$ 15.000 mensuales (años de paridad US$ = $1), más la provisión gratuita de servicios y champán en el local.
Garbellano aportó al expediente un video que -dijo- corresponde al doctor Oyarbide. Según sus dichos, fue filmado por pedido del propio juez cuando mantenía relaciones con un taxi boy que trabajaba en el local que él regenteaba. Las imágenes son las mismas que un cronista de La Nación vio en abril último en la casa de Garbellano. Ayer, otro cronista y un fotógrafo miraron la grabación, ofrecida por Garbellano. Garbellano incluso, negó al ir al programa “Hora clave”, de Mariano Grondona, al conocer la existencia de material fílmico que comprometiera a Oyarbide.
La defensa del juez sostuvo que los dichos de Garbellano fueron producto de una negociación con el grupo de fiscales que encabezaba Norberto Quantín, cuyo objetivo sería mandar a Oyarbide a la cárcel.
Imputado en la causa por violación a la ley de profilaxis y por cohecho a la Policía para que permitiera el funcionamiento del prostíbulo, José Antonio Soldano, según el expediente que instruyó el juez Fernando Rodríguez Lubary, uno de los tres dueños de Spartacus, junto a su hermano Daniel y a Garbellano, dijo que Garbellano es un delincuente sin códigos.
Garbellano también declaró que Oyarbide recibía plata de los regentes de otros prostíbulos, Raúl Martins y Carlos Perciavale, investigados en causas que se tramitan ante la justicia correccional.
El ex amigo del juez dijo que Perciavale le pagaba 15.000 pesos mensuales a Oyarbide para que sus negocios pudieran funcionar sin problemas. Agregó que él le daba una cifra similar, cada quince días y que las entregas se realizaban en Spartacus o en otros lugares.
La crisis que vive en nuestra sociedad se ve reflejada por las decisiones de los máximos dignatarios de nuestro pais. No me sorprende la homosexualidad de Oyarbide, no solo porque hay tantos dando vuelta ya, que uno mas no me asusta. Sino que como cité, ya Oyarbide es muy famoso por su promiscua vida sexual.
Richard Waghorne, periodista irlandés quien es también un homosexual, es analista político, columnista, ha sido corresponsal en el extranjero para diferentes medios de comunicación y actualmente es investigador doctorando en filosofía política.
Y lo hizo además en primera página del diario más vendido de Irlanda, el Irish Daily Mail, y también en su blog dentro del mismo periódico. Ya lo había hecho con anterioridad un año antes, pero esta vez añadió que era gay.
La razón del matrimonio no es el romanticismo
Sin embargo, añade, las razones para estar en contra del matrimonio entre homosexuales son clarísimas:
«El amor y el romance son una parte importante del matrimonio. Pero no son la razón por la que el matrimonio tiene un estatus especial. Si el romance fuera la razón para apoyar el matrimonio, no habría ningún motivo para diferenciar las relaciones que deben ser incluidas en este estatus y las relaciones que no. Pero eso no es y nunca ha sido la naturaleza del matrimonio».
OYARBIDE, EL GRAN CAJONEADOR DEL POPULISMO.
Todas las causas enumeradas, tienen las mismas características y métodos de corrupción:
I. Los imputados son funcionarios públicos.
II. Las empresas imputadas son off shore, es decir, internacionales porque sus constituciones se realizan en el exterior y registradas en la Argentina.
III. Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.
IV. Forma y modo de contratación: puede ser directa o en el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.
V. La forma y modo de esconder las sumas por los sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al exterior de estas sumas.
VI. Los fines para los cuales se constituyen estas empresas nunca terminan por cumplirse con su objeto, salvo el de la corrupción.
Ninguno de estos hechos fue investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de investigación financiera.
En todos estos contratos hubo ausencia de contralor. Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la Causa Ciccone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda.
El Gobierno Nacional reconoció las irregularidades -delitos- y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE. Mientras que en el caso Boudou-Ciccone, se ha dictado un decreto para expropiar. Pero en ninguno de estos tres casos han hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos.
En todos estos casos el Gobierno y los funcionarios han pretendido orquestar al principio que estas denuncian eran falaces y promovidas por la “Corpo”, la “derecha”; el “capitalismo” y la mar en coche.
Estos cuatros casos que he denunciado en su momento y que hoy continúan su tramitación, son el ejemplo de la forma y método de contratar que ha tenido el gobierno nacional en numerosos casos. Que todos los jueces que tienen estas causas estén atentos, ya que todos las causas tienen el mismo origen, cual es la razón de constituir empresas en el exterior cuando el servicio o la obra se realizan en la Argentina un solo motivo: fugar el dinero al exterior, y ya vamos a un ritmo de más 2.000 millones por mes y en los últimos seis años superamos los 120 mil millones de los cuales el 70% de esas cifras son producto de la corrupción, lavado de dinero, droga, trata de blancas. Si en cada una de estas causas están involucrados funcionarios, como pueden ser que estos mismos funcionarios puedan realizar un plan económico para evitar la crisis en la que estamos transitando si ellos son el producto de esta crisis, ya sea por corrupción, ineptitud e incapacidad. Por eso el lunes 27/1 va a ser todo para peor. No hay ninguna solución con este gobierno.
Dr. Jorge Luis Vitale

LA LOCURA Y LA CRISIS RECURRENTE DEL POPULISMO.

EINSTEIN.
COMADREJAS 
LAS COMADREJA COMUNISTAS DE LA CELAC
“La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos.” Supuestamente fue Albert Einstein quien acuñó esta genial definición, aunque la controversia persiste. Sea quien fuere su autor, quizás sirva como hipótesis para entender la historia económica argentina desde 1946. Este período, al que podríamos denominar “La Gran Decadencia”, se ha caracterizado por subperíodos de populismo alternados con inevitables ajustes para corregir sus excesos.   Lo más desconcertante es, primero, que, como señalaba hace ya casi cuarenta años Adolfo Canitrot, el populismo redistributivo en Argentina es “una experiencia destinada a la frustración”; y segundo, que, a pesar de su carácter esencialmente autodestructivo, los políticos lo sigan ensayando y reciban votos de una parte importante del electorado.     El fracaso recurrente de las experiencias populistas en América Latina durante los años ochenta generó gran interés entre los economistas. En un libro publicado en 1991, Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards intentaron explicar este singular fenómeno. Su principal conclusión era similar a la de Canitrot: el resultado final del experimento populista “ha sido una inflación galopante, crisis y el colapso del sistema económico”. Es decir, que el populismo inevitablemente termina perjudicando no sólo a toda la sociedad sino especialmente a aquellos que pretende ayudar. Otra conclusión no muy alentadora es que muchos países de América Latina parecían exhibir una incapacidad de aprender de sus propias experiencias (errores) y las de sus vecinos. La pregunta obvia es si los políticos que insisten con estos programas populistas (y quienes los votan) sinceramente esperan un resultado distinto. De ser así estaríamos frente a un caso de demencia colectiva.

REPUTONA
El experimento populista de la última década en Argentina, Venezuela y otros países reavivó el interés de una nueva generación de economistas, entre los que se destacan Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Harvard). La locura ciertamente no está entre las hipótesis que proponen para explicar los ciclos populistas. También rechazan la hipótesis de la ignorancia. En su opinión, los políticos que adoptan políticas populistas saben cual serán sus consecuencias y quienes los votan, probablemente también. Para explicar el populismo en América Latina, especialmente en Argentina, hay que remontarse a los efectos de la crisis de 1930 (especialmente sobre la distribución del ingreso) y considerar factores políticos, sociales y culturales. Las teorías desarrolladas por Acemoglu, Robinson y varios de sus colegas agregan una perspectiva interesante sobre el tema.   Según una de ellas, en ciertos países de América Latina, debido a una debilidad institucional crónica, una parte importante del electorado teme que los políticos se vendan a la “oligarquía” y que una vez en el poder favorezcan sus intereses. Esta percepción hace que vote a aquellos candidatos que proponen plataformas populistas. Como consecuencia, incluso los políticos moderados adoptan una retórica populista para enviar una señal al electorado de que “no se venden” (y conseguir más votos). Este “sesgo populista” sería mayor cuanto mayor la divergencia entre las preferencias del votante medio y de los intereses de la elite y cuanto mayor la percepción de corrupción entre los políticos. Una extensión de esta teoría explica porqué los líderes populistas han logrado socavar las instituciones democráticas con amplio apoyo del electorado. La raison d’être de las instituciones (léase división de poderes) es justamente limitar la capacidad que tienen los gobernantes de extraer rentas de ciertos sectores de la economía (como por ejemplo el sector agropecuario). Esto significa que cuanto más sólidas las instituciones, más fácil sería para ciertos grupos o sectores económicos “comprar” a quienes gobiernan.   Otro fenómeno a explicar, especialmente en Argentina, es la relación entre el populismo y los ciclos de precios de los commodities agrícolas. En la fase alcista de cada ciclo –con picos de precios en los años 1951, 1974 y 2012– el gobierno de turno ensayó un experimento populista-redistribucionista (es decir, el auge fue condición suficiente aunque no necesaria). Al último de estos experimentos parece aguardarle el mismo destino que a los anteriores. El problema ya no es sólo el inevitable ajuste sino también haber perdido una excelente oportunidad para sacar al país de su trayectoria decadente.   ¿Por qué ocurre esto? Robinson sostiene que en países con instituciones débiles, el auge de precios de las materias primas aumenta los beneficios de permanecer en el poder para quienes gobiernan, ya que pueden extraer más rentas de los sectores exportadores. Estas rentas a su vez les permiten influir sobre las elecciones mediante políticas clientelistas que generan fuertes distorsiones e ineficiencias en la economía (por ejemplo, subsidios y aumentos del empleo público). Conclusión: aquellos países con instituciones fuertes se benefician cuando hay un auge en el precio de los commodities, mientras que aquellos con instituciones débiles caen en la tentación populista.   Más allá de todas estas teorías, hay una realidad insoslayable: si seguimos como hasta ahora, nuestra decadencia económica generará tensiones sociales que incluso podrían poner en peligro la democracia. Si extrapolamos las tasas de crecimiento de PBI de los últimos treinta años a los próximos treinta, en 2029 nos habrá superado Chile, en 2035 lo hará Colombia y en 2043, Perú. Olvidémonos que en 1930 el PBI de la Argentina superaba al de toda América Latina; en 1984 era un 27% superior al de esos tres países sumados y hoy es casi la mitad. Hay que cambiar. Caso contrario, digan lo que digan los académicos, estamos todos locos.
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