viernes, 13 de julio de 2012

LAS EMPRESAS FANTASMAS


Echan a un funcionario clave en la licitación de la SUBE



La polémica supervisión de la tarjeta SUBE se cobró su primera víctima política. Jorge de Beláustegui, coordinador general del Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), renunció a su cargo dentro de la Secretaría de Transporte por las irregularidades en la licitación para controlar el boleto electrónico.
Beláustegui firmó todos los documentos del concurso que culminó con la asignación de un contrato de 65 millones de pesos al consorcio integrado por la empresa inglesa Global Infrastructure, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, pese a que contó con una oferta 10 millones de pesos más económica.
Su renuncia se hizo pública ayer cuando el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, publicó su dimisión entre los "considerandos" que explicaron la suspensión del contrato para el control del boleto electrónico.
Su alejamiento se concretó el 19 de junio, luego de que este medio publicó una entrevista con Stephen Chandler, ex jefe de la supervisión de la SUBE. En ese reportaje, el consultor inglés acusó a Beláustegui de haber gestionado la firma del contrato sin su aprobación y en su ausencia.
En diálogo con LA NACION, Beláustegui dijo que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le pidió la renuncia por "cambios estructurales".
"No tiene nada que ver con la SUBE. Coincidió de casualidad con el tema", se justificó.
Ante las llamadas de este medio, en el Ministerio del Interior prefirieron no responder la consulta. En la Secretaría de Transporte se limitaron a informar que todavía no hay reemplazante designado para Beláustegui.
"El Pato" Beláustegui -el apodo con el que lo conocían en Transporte- era el máximo responsable de ejecutar el préstamo Ptuma, que el Banco Mundial (BM) le asignó a la Argentina para promover obras viales.
Con esos fondos se financió la supervisión del boleto electrónico. Desde su llegada a Transporte, en 2002, el ex funcionario administró fondos por unos 450 millones de dólares.
Pese a que mantenía una relación cotidiana con el BM, desde el organismo internacional prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema. Bajo la tutela de Andrés Pizarro, entonces gerente de la entidad, el banco avaló todos los pasos de la licitación que actualmente investiga la Justicia.
Ahijado político del fallecido dirigente peronista catamarqueño Vicente Saadi, Beláustegui desembarcó en Transporte con el apoyo del entonces presidente Eduardo Duhalde.
Dentro de Transporte recuerdan el buen trato que tenía tanto con sus empleados como con sus jefes. "Es un caballero de perfil bajo, pero de mucha rosca política y empresarial", dijo una fuente que frecuentaba su despacho.
Con la llegada del kirchnerismo , Beláustegui tejió relaciones con Ricardo Jaime. Luego de su partida, tuvo una cordial relación con Juan Pablo Schiavi -secretario de Transporte que firmó la supervisión de la SUBE- y con el propio Alejandro Ramos.
Su carrera en la función pública comenzó en los años 80 como funcionario en Catamarca durante de la gestión de Ramón Saadi. Su nombre cobró fuerza en 1987 cuando el entonces senador Vicente Saadi impuso su designación como embajador en Honduras, pese al enfrentamiento político que mantenía con el presidente Raúl Alfonsín y su nula experiencia diplomática.
Cuando Carlos Menem llegó al poder, extendió su trayectoria diplomática: lo nombró embajador en Egipto y luego en Grecia. A mediados de los 90, fue designado presidente del Programa de Promoción de Alimentos en el Exterior (Promex).





DESPUES DE LA DESTAPADA DE OLLA

Es oficial la suspensión del contrato a la empresa que controla la SUBE





Por medio de una resolución, publicada en el Boletín Oficial de hoy, el Ejecutivo dispuso la cancelación por 30 días del contrato a la empresa que controla a la SUBE. La firma estaba formada por una polémica Unión Transitoria de Empresas, encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) y ex funcionarios de la Secretaría de Transporte, y había sido beneficiada con una licitación de $65 millones.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Ejecutivo formalizó hoy la suspensión de “los términos y plazos del contrato” suscripto el 11 de marzo de 2011 entre la Unidad Ejecutora de Proyectos de Transporte y la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Global Infraestructure LLP; Ingeniería en Relevamientos Viales; Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina –IATA; y González Fischer & asociados”.

Con la publicación de la Resolución 98/2012 en el Boletín Oficial, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, también resuelve suspender “los pagos” del contrato “por el término de 30 días” a partir de hoy, “con el objeto de instrumentar en dicho plazo acciones tendientes a esclarecer las situaciones enunciadas en los considerandos precedentes”.
En ese sentido, el artículo 2 de la resolución instruye a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) a que revise y analice toda la documentación respaldatoria del contrato.
Cuando comunicó la decisión, Randazzo había explicado que la medida es “preventiva” y que la decisión final la tendrá “la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación”.
“Hemos hecho una evaluación con respecto al contrato. No somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente y lo hemos decidido con la Presidente una suspensión de la ejecución del contrato, como también los pagos a la empresa”, señaló Randazzo en declaraciones a la prensa.
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Otro empleado fantasma en el contrato por la SUBE



El británico Steve Beer niega cobrar el sueldo que figura en los papelesLONDRES.- Ocho mil kilómetros separan a Steve Beer de Buenos Aires. Su salario para supervisar la SUBE asciende a 40.600 dólares mensuales -según consta en el contrato-, pero este británico que vive en Estados Unidos asegura que no tiene "nada que ver" con la tarjeta.
Beer está incluido como program assurance -a cargo de la optimización del proyecto- en el contrato que la Secretaría de Transporte firmó para controlar el boleto electrónico. Su salario por diez meses de trabajo asciende a 414.120 dólares.
"No tengo nada que ver con la SUBE ni con ningún otro proyecto del gobierno argentino. No tengo conocimiento de ningún pago a nadie ni a ninguna firma relacionada con ese proyecto", dijo Beer a LA NACION.
No es la primera acusación que recibe la supervisión del boleto electrónico -suspendida la semana pasada- por contratar a empleados fantasma. Marcela Ashley denunció que nunca trabajó, pese a que su salario es de 24.300 dólares.
Los sueldos de los empleados para controlar la SUBE representan casi el 70% del contrato de 65 millones de pesos. Sólo para los tres "empleados extranjeros" ( Stephen Chandler , Ashley y Beer), la suma es superior a los 2,5 millones de dólares.
Beer sólo aceptó preguntas vía e-mail. En el intercambio de correos, se negó a responder sobre su relación con Chandler, quien era el responsable de controlar la SUBE; ambos trabajaron en la Oyster card, la tarjeta del transporte de Londres.
Según consta en el expediente, Beer percibe el sueldo más alto de la supervisión: 40.600 dólares, el mismo salario con el que figura Chandler como jefe de proyecto.
Los pagos del control de la SUBE despertaron acusaciones cruzadas. Chandler fue el primero en atacar. Admitió que había propuesto a Beer y a Ashley para esos puestos, pero aseguró que unos meses después les avisó a sus socios locales, a los funcionarios de Transporte y a Andrés Pizarro, gerente del proyecto del Banco Mundial -que financió el contrato- que esas personas ya no estaban disponibles para ocupar los lugares.
"Le propuse a Steve [Beer] que trabajemos juntos en el proyecto y en principio le interesó, pero demoró tanto la firma que cuando habían pasado unos seis meses me dijo que le habían ofrecido un puesto en Estados Unidos. Así que quedó inmediatamente descartado para mí", explicó Chandler.
Y lanzó: "Creo que mis socios locales le facturaron por esos empleados a la Secretaría de Transporte, incluso con montos más altos. Pero todos sabían de la situación".
Sin darse por enterados de las acusaciones, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados le enviaron la semana pasada una carta documento al consultor inglés para pedirle los comprobantes de pago de los empleados fantasma.
El consorcio a cargo de la supervisión de la SUBE se disolvió apenas 24 horas después de suspendido el contrato. Chandler aseguró el jueves que iniciará una demanda contra sus socios locales en reclamo de pagos adeudados por una suma superior al millón y medio de pesos.
Beer también intentó explicar qué sucedió con su designación: "Mi CV y mi nombre figuraron en numerosas propuestas para futuros trabajos en los últimos años, pero esto no se traduce automáticamente en trabajos ni en una remuneración/sueldo, que es lo que ocurre en este caso".
Sin embargo, esta propuesta se materializó. Beer fue evaluado por la Secretaría de Transporte a la hora asignar la consultoría de 65 millones de pesos.
La Justicia investiga el proceso licitatorio por el cual el Estado pagó $ 10 millones de más para controlar la SUBE en beneficio de un consorcio integrado por el ex funcionarios de Transporte. Ante la consulta de LA NACION por la situación de los empleados fantasma, en la Secretaría de Transporte evitaron responder.
Luego de la denuncia de Marcela Ashley, el Gobierno decidió suspender la supervisión de la SUBE y dejar el contrato a disposición de los organismos de control. Algunos días después, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que había detectado "anomalías" en el concurso avalado por el ex secretario Juan Pablo Schiavi.

LA SERIE DE NOTAS QUE COMPONEN LA INVESTIGACIÓN:




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FUE UN ADELANTO DE SEPRIN: LA EMPRESA ES INGLESA E INEXISTENTE.  SCHIAVI ORDENO APARTARLA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACION POR LAVADO. HOY EL MINISTRO DEL INTERIOR SUSPENDE EL CONTRATO CON LA EMPRESA CONTROLADORA PORQUE EL FISCAL STORNELLI PIDIO EL PROCESAMIENTO DEL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE SCHIAVI.
Y no sólo es una empresa que maneja información reservada de todos los argentinos y almacena el recorrido de las personas y su vida privada, sino que los datos lo maneja una inexistente empresa inglesa. Y se presupone el envío de información a los servicio secreto inglès.










 

UNA EMPRESA BRITANICA, CONTROLA LA TARJETA SUBE

DESTACADO — BY  ON JUNIO 17, 2012 AT 22:00 
No sólo se trata de una demagogia brutal de la presidencia, sino que además no solo lo maneja una empresa británica, sino que los datos de millones de argentinos, edad, DNI, trayecto , grupo familiar ingresos, está en manos de los ingleses:

Introducción
Mientras el gobierno emite spot publicitarios pro Malvinas, y sus discursos mediáticos llaman a recuperar la soberanía irredenta de las Islas, en la práctica suceden hechos muy curiosos que hacen dudar sobre la veracidad del reclamo.
En ese contexto, encontramos también, funcionarios británicos que trabajan en puestos clave en el Estado (Ministerio de SeguridadYPF), y una ampliación de usurpación británica en las aguas del Atlántico Sur que no ha tenido protesta alguna del gobierno argentino.

Tristemente, las palabras y los discursos no se asemejan con la realidad de los hechos.
Ahora, el SUBE, que posee una base de datos detallada de cada ciudadano que se transporta por Buenos Aires, resulta que está controlada por una empresa británica, donde hasta la propia embajada intercedió.
La empresa se creó una vez realizado el “lobby” entre un empresario británico, la embajada y los funcionarios argentinos de la Secretaría de Transporte.

Insolitamente, obtuvo la licitación pese a la existencia de otras ofertas mucho más baratas.

La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas. Días después, la firma británica se asoció con IRV, Iatasa y GFA para ganar la licitación por la supervisión del boleto electrónico.

GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. El diario La Nación intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía.

Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una firma que ofrece servicios de “oficinas virtuales”. Alquilan un “domicilio de negocios” en la capital británica por 40 libras esterlinas al mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.
Nación Servicios SA, una empresa que depende del Banco Nación, es quien está a cargo del servicio del SUBE. GI, es quien la controla, tarea que recae en el presidente de la compañía, Stephen Chandler, quien vive en Inglaterra, cuyo sueldomensual (que pagamos todos los argentinos) es de 40.000 dólares.
Es decir, si un argentino que vive y trabaja en este país, desearía cobrar su sueldo en dólares, no lo puedo hacer. Pero un inglés, recibe su sueldo (que sale del Tesoro Nacional), en la moneda extranjera. Recordamos el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Aquí si quiera hablamos de ciudadanos o habitantes del país, ya que el hombre inglés no vive en este suelo.
  • Una empresa inglesa, sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE. 
    El Estado Nacional eroga a sus tres únicos empleados, tres millones de dólares anuales.
¿Espionaje?
El diario LA NACION comprobó que la firma montó “oficinas virtuales” en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE.Una empresa fantasma, que controla una de las bases de datos más grandes del país.
El nexo argentino (los cipayos de siempre)
La empresa GI, obtuvo la licitación junto a ex funcionarios y ex asesores de Transporte. Se asociaron: Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV) y Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA).
Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del ”liderazgo técnico” de la operación.

A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese, todavía, es su domicilio legal en la Argentina.
Un presidente invisible: Stephen Chandler
Chandler es “jefe de proyecto” de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las operaciones.
Realizó gestiones sospechosas antes de la licitación. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI.
También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora, Chandler debe controlar.

En febrero de 2009, la presidente anunció la creación del boleto único, el que estaría vigente en 90 días.
Días después, Chandler tuvo sus primeras reuniones. Lo esperaban en Transporte. “La reunión duró una hora y se hablaron sólo temas técnicos. La SUBE estuvo incluida en la agenda”, aseguró una fuente diplomática al tanto de su agenda.
LA NACION intentó comunicarse con Transporte, pero evitaron responder sobre la visita de Chandler. En estricto off the record, una funcionaria que participó de la cita, confesó, con ironía: ”No recuerdo esa reunión en particular, pero es habitual ese tipo de lobby. No te olvides de que el lobby está permitido en Inglaterra”.

Después de esa visita a la secretaría, Chandler recibió una llamada que lo acercó al negocio. ”Desde IRV llamaron a laembajada británica. No dieron demasiadas explicaciones y pidieron su contacto”, agregó una fuente allegada a esa empresa. LA NACION reveló que al menos tres miembros de IRV mantenían relaciones personales o laborales con funcionarios de Transporte.
Al poco tiempo, Chandler fundó GI.
LA NACION intentó comunicarse con Chandler, pero el consultor inglés no respondió ninguno de los llamados que este medio realizó a las oficinas del consorcio y a sus contactos en Londres.
Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres.
El único antecedente propio acreditado por la empresa británica en la licitación fue un proyecto en el área militar del gobierno de República Checa.

LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi dos millones de dólares por los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. ”Todos los meses pasa un tiempo acá”, justificó un allegado del inglés.
Durante tres semanas, LA NACIÓN intentó contactarlo en las oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero aclararon que estaba en el exterior. “Chandler no tiene un lugar fijo de trabajo”, reconocieron desde el consorcio. “Pasará unos días en Londres”, informaron en su domicilio particular, en el interior de Inglaterra.
LA NACIÓN se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al “jefe de proyecto” ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares por la Secretaría de Transporte.
La embajada británica interesada
En el año 2009, Chandler pidió a la embajada británica que le organizara una típica ronda de promoción de negocios: almorzó con funcionarios, cámaras empresarias y ejecutivos. La nutrida agenda incluyó una reunión con directivos de Nación Servicios SA (NSSA), empresa del Banco Nación que ya estaba a cargo de la operación de la SUBE.
También participó de ese encuentro Angel de Dios, presidente de Nación Servicios y hombre cercano a Julio de Vido. En esa reunión, Chandler le propuso a De Dios trabajar en la SUBE. “Estaban muy interesados por el conocimiento que Chandler tenía sobre el tema. Lo invitaron a participar en cualquiera de las licitaciones, pero todas las contrataciones dependían de la Secretaría de Transporte. Igualmente, siguieron en contacto”, agregó una fuente que participó de la cita.
Dos años después, el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA) es el encargado de supervisar a NSSA en el funcionamiento del boleto electrónico.



Los dueños de TBA continúan sumando negocios con el Estado





Le venden computadoras que el Gobierno reparte en escuelas, de las que licitaron otras 400.000. Y decodificadores para TV digital, que De Vido promueve en Venezuela. También son suyos micros que la Nación contrató para el Sarmiento


 

24/03/12
El grupo Cirigliano creció con sus colectivos, todos pintados de rojo e identificados como Plaza. Ahora es investigado por su responsabilidad en la tragedia de Once, que protagonizó un tren de TBA, una de sus empresas. Pero ahí no acaban sus negocios con el Estado: son el principal proveedor de las computadoras que el Gobierno reparte entre los alumnos de escuelas primarias y secundarias. Y también le venden al fisco decodificadores de la TV digital.
Corporate Corp es una de las empresas del grupo Cirigliano. En 2010, a la compañía le adjudicaron la provisión de 250.000 netbooks escolares para el plan Conectar Igualdad. “La compañía resultó la mayor beneficiaria de esa licitación, obteniendo no solo el lote de importación sino también el lote de fabricación con ensamblado nacional de 88.000 netbooks”, detalla la empresa en su sitio Web.
Con los contratos para proveer las computadoras que se distribuyen en las escuela, los Cirigliano levantaron una planta en el barrio porteño de Belgrano. Y luego pensaron en otra más grande en el interior. Así, Claudio Cirigliano se paseó después de las últimas elecciones con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri: el proyecto era levantar otra planta de Corporate Corp en Paraná . La firma tiene la explotación de la marca Ken Brown y posee Computer Depot, una cadena de venta de productos informáticos y computadoras.
Esta semana se abrieron los sobres de las ofertas para otras 400.000 netbooks. “El sector privado esperaba la realización de estas licitaciones, ya que según las estimaciones de la cámara que los agrupa (CAMOCA) las máquinas que requiere el plan representan el 35% de la producción nacional ”, difundió la agencia Télam . Aunque aún no se conoció el listado oficial de oferentes, en el sector aseguran que Corporate Corp está en ese grupo, junto a empresas como Lenovo, Exo, BGH o Conadir.
Antes de las muertes en Once, Corporate Corp también había conseguido una parte de la distribución de decodificadores en la televisión digital terrestre. Fueron, como mínimo, unos 90.000 decodificadores. Antes de la logística de la TV digital habían cerrado otro negocio en el rubro. Cometrans, una compañía del grupo, se asoció con Ayex, Infobizz y Structure Inteligence en una UTE que, en una licitación del Ministerio de Planificación en 2009, se quedó con la provisión de 330 mil de un total de 1,2 millones de decodificadore s que encargó la Casa Rosada. Las empresas recibieron a cambio 160 millones de pesos.
Ese contrato no fue sin embargo el único acuerdo que tejieron los Cirigliano con el ministro Julio De Vido. En enero, éste logró que el presidente venezolano Hugo Chávez, en un programa televisado, mostrara a las cámaras una “tablet” y la caja que lo contiene, de marca Ken Brown, ambos ensamblados por Corporate Corp. La pequeña computadora portátil, con una pantalla de 7 pulgadas, es capaz de reproducir TV digital. “ Primero, importaremos algunas, pero luego iremos a la construcción de una planta aquí en Venezuela”, señaló en esa ocasión Chávez. Como un recuerdo de ese encuentro, el gobierno de Chávez distribuyó una foto del bolivariano con un producto de Corporate Corp en la mano, flanqueado por un sonriente De Vido.
El martes pasado , Cristina Kirchner hizo una teleconferencia con Chávez en la que formalizaron el acuerdo suscripto por ambos países y por el cual la Argentina venderá tecnología en la implementación de la TV Digital a la nación caribeña. A partir de este acuerdo Argentina “venderá 13 estaciones de transmisión y Venezuela importará en un comienzo 300.000 decodificadores , también hechos en Argentina darán cobertura al 50% del territorio venezolano”, explicó la Presidenta.
El cuerpo principal de los negocios de los Cirigliano, sin embargo, son el transporte. TBA recibió subsidios por las concesiones ferroviarias por$ 980 millones en 2011.
Entre 2006 y 2010 había obtenido $ 1.925 millones, según la Auditoría General de la Nación. También reciben subsidios por los colectivos: tienen 20 de las 135 líneas de la ciudad, líneas de media y larga distancia. Son más de 100 millones de pesos mensuales.
Precisamente con esas líneas de colectivos es que acaban de quedarse con otro negocio financiado por el Estado.
A fines de febrero, el interventor de TBA prohibió que circulen trenes del Sarmiento que no cumplan con requisitos mínimos de seguridad. Las formaciones restantes no alcanzaban para transportar a los pasajeros del ramal. Así, el Estado contrató micros para compensar ese faltantes. Parte de esos micros son del Grupo Plaza, de los Cirigliano
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